Presidente
Alejandro Brain

Vicepresidente
Nicolás Poliansky

Secretaria Científica
Alicia Donghi

Vocales

• Damián Gemini
• Matías Carini

Vocales suplentes

• Carolina Gorlero

Fundamentos
Con el objetivo de construir un espacio de intercambio y trabajo conjunto que facilite la ampliación y actualización del campo de la investigación, la clínica, la prevención, la docencia y la asesoría, consideramos pertinente fundar el presente capítulo que titulamos "Estrategias de reducción de riesgos y daños en el abordaje integral de los consumos".

En tanto grupo heterogéneo, contar con un conjunto de premisas compartidas resulta insoslayable. Este punto de apoyo nos constituye como colectivo y permite elaborar mecanismos que regulen nuestras prácticas de deliberación y proyectos de acción. Bajo una concepción de la grupalidad que se entrama en la diversidad de sus actores y sus tensiones, asumimos la dificultad de sostenernos en la diferencia para conseguir arribar, mediante el uso discursivo, a consensos y avances en el pensamiento.

A continuación, nuestros puntos de acuerdo:

1) Ponderamos los logros en materia de derechos que ostenta el actual marco jurídico que regula nuestras prácticas ("Ley Nacional de Salud Mental", nº 26.657, y "Plan integral para el abordaje de los consumos problemáticos", n° 26.934), sin embargo, sostenemos una visión crítica sobre la falta de recursos económicos y técnicos para la implementación de las mismas.

2) Concebimos al campo de la salud mental como socio-histórico, alejados de toda pretensión de constituir un cientificismo dogmático sobre la enfermedad mental. En consecuencia, este campo no puede ser ajeno al orden del lenguaje y la significación.

3) Definimos como problemáticos aquellos consumos que, mediando o sin mediar sustancia alguna, afectan negativamente la salud física o psíquica del sujeto y/o las relaciones sociales. Pueden manifestarse como adicciones o abusos al alcohol, el tabaco, las drogas psicotrópicas (legales o ilegales) o producidos por ciertas conductas compulsivas de los sujetos hacia el juego, las nuevas tecnologías, la alimentación, el sexo, las compras, entre otras.

4) Entendemos que el uso de sustancias psicoactivas pone de manifiesto un entramado dinámico de determinante s biológicos, psíquicos y sociales. En consecuencia, los consumos problemáticos se encuentran atravesados por múltiples factores cuya complejidad requiere de un abordaje integral que debe contemplar al sujeto dentro de su comunidad.

5) Sostenemos una visión crítica respecto del paradigma abstencionista. Las políticas de reducción de daños aportan valiosas herramientas, no sólo para ser incorporadas en el tratamiento de los consumos problemáticos y abandonar así el ideal de la abstinencia como único objetivo, sino también para el armado de estrategias sanitarias no prohibicionistas sino participativas.

6) Rechazamos cualquier concepción o práctica que se sostenga bajo la premisa de concebir al consumo como una desviación moral. De este modo concebimos a las personas como sujeto de derechos y afirmamos que no todo consumo es problemático.

7) Advertimos que la experiencia de los diversos tipos de práctica de asistencia y/o tratamiento muestra que cada persona presenta aspectos propios en su relación al consumo. Por lo tanto, resulta insoslayable ponderar la singularidad en los abordajes.

8) Consideramos de fundamental importancia poner en cuestión las formas de ejercicio del poder de quienes llevamos adelante tareas de asistencia y/o tratamiento. Bajo la premisa que distingue dirigir el tratamiento y dirigir al usuario, advertimos los riegos de articular nuestro saber cómo un poder sobre las personas. Afirmamos que no es posible sostener la práctica sin comprender que hay un saber en el usuario que debe ser tenido en cuenta y respetado, fomentando así prácticas participativas.

9) Bogamos porque las carreras de grado de las distintas facultades relacionas con la problemática de los consumos cuenten con materias de formación técnica especifica que contemple el abordaje integral de los consumos problemáticos. También es necesario fomentar investigaciones basadas en la evidencia para ampliar el campo de formación y sus implicancias en las diferentes prácticas de los diversos actores involucrados.

10) Sostenemos que el tratamiento integral debe ir acompañado de una concientización de la comunidad que permita desestigmatizar la figura del usuario de sustancias y lograr una visión más precisa de sus implicancias. Asimismo, esta perspectiva debe dar paso a políticas inclusivas y preventivas para lo cual resulta necesario derogar los artículos de la ley 23.737 que penan al usuario. Las estrategias de reducción de riesgos y daños permiten superar la posición moralista y abstencionista y favorecer el planteamiento de una política de derechos que deja atrás una posición de juicio y estigmatización y avanza hacia una mirada de inclusión e integración social.