Presidenta
Silvia Inchaurraga

Vicepresidenta
Alicia Donghi

Secretaria Científica
Marcos Carini

Vocales titulares

• Ricardo Paveto
• Laura Alcaraz

Vocales suplentes

• Marisa Brenzoni

Fundamentos
El Capítulo Reducción de Riesgos y Daños y Usos de Drogas; Políticas Públicas y Abordaje Integral se propone como un espacio de intercambio y actualización en investigación, clínica, docencia y asesoramiento sobre el modelo de Reducción de Daños asociado al uso de drogas y a las políticas públicas, todo ello desde una perspectiva de derechos. Este colectivo parte de un conjunto de premisas compartidas que orientan nuestras prácticas y proyectos de acción.

1) Consideramos que el Modelo de Reducción de Daños constituye un paradigma para pensar las problemáticas asociadas a las drogas y representa una alternativa al modelo prohibicionista. Se entiende por Reducción de Daños al conjunto de políticas, programas y prácticas orientadas a minimizar las consecuencias negativas del consumo de drogas en los ámbitos de la salud, lo social y las políticas públicas sanitarias y legislativas, sin exigir como condición el abandono del consumo. La Reducción de Daños se basa en los derechos humanos y resulta incompatible con cualquier tipo de coacción o exigencia de abstinencia para brindar asistencia a quienes consumen drogas. El modelo se desarrolló en los años 80 en Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Australia como una estrategia central de salud pública frente al VIH/SIDA, abordando los riesgos asociados al uso compartido o la reutilización de equipos de inyección. En la actualidad, ocupa un lugar clave frente a las sobredosis y a los riesgos vinculados al uso combinado de sustancias, al policonsumo, a la clandestinidad y a la falta de contacto con el sistema sanitario. En Argentina, surge a mediados de los años 90 en la ciudad de Rosario con los talleres de desinfección de equipos de inyección y, hacia fines de esa década, con el primer Programa de Jeringas. No obstante el trabajo de la sociedad civil (universidades y algunas ONG) y ciertos apoyos municipales, el modelo aún no se ha instalado efectivamente como pilar de las políticas públicas, tal como debería, junto con la Prevención y la Asistencia.

2) Ponderamos los avances en materia de derechos que establece el actual marco jurídico que regula nuestras prácticas —la Ley Nacional de Salud Mental n.° 26.657 y el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos n.° 26.934—. Sin embargo, sostenemos una mirada crítica respecto de la insuficiencia de recursos económicos y técnicos destinados a su implementación.

3) Concebimos al campo de la salud mental como un ámbito socio-histórico, alejado de toda pretensión de constituir un cientificismo dogmático sobre la enfermedad mental. En este sentido, coincidimos en la necesidad de cuestionar el discurso hegemónico que homogeneiza las problemáticas del consumo bajo diagnósticos como “drogadependencia” o “toxicomanía”, y reivindicamos la lógica del caso por caso que propone el Psicoanálisis.

4) Definimos como problemáticos aquellos consumos que, mediando o no una sustancia, afectan negativamente la salud física o psíquica del sujeto y/o sus relaciones sociales. Estos consumos pueden manifestarse como adicciones o abusos al alcohol, al tabaco, a drogas psicotrópicas —legales o ilegales—, o como conductas compulsivas vinculadas al juego, las nuevas tecnologías, la alimentación, el sexo, las compras, entre otras.

5) Entendemos que el uso de drogas pone de manifiesto un entramado dinámico de determinantes biológicos, psíquicos y sociales. En consecuencia, los consumos problemáticos se hallan atravesados por múltiples factores cuya complejidad exige un abordaje integral que contemple al sujeto en el contexto de su comunidad.

6) Sostenemos una visión crítica del paradigma abstencionista. Las políticas de Reducción de Daños ofrecen herramientas valiosas no solo para incorporarlas en el tratamiento de los consumos problemáticos —superando el ideal de la abstinencia como único objetivo—, sino también para la construcción de estrategias sanitarias no prohibicionistas sino participativas, que faciliten el acceso de los usuarios de drogas al sistema sanitario.

7) Reivindicamos un abordaje preventivo que no se focaliza en el objeto droga, sino en el sujeto que consume y sus circunstancias, como política de cuidado.

8) Rechazamos toda concepción o práctica que considere el consumo como una desviación moral. Sostenemos que las personas son sujetos de derechos y afirmamos que no todo consumo es problemático. Coincidimos en que existen usos, abusos y dependencias de las drogas.

9) Observamos que la experiencia en las distintas prácticas de asistencia y/o tratamiento demuestra que cada sujeto presenta características propias en su relación con las drogas. Por lo tanto, resulta indispensable considerar la singularidad en cada abordaje.

10) Consideramos fundamental cuestionar aquellas prácticas profesionales que generan o amplifican daños, así como las formas de ejercicio del poder por parte de quienes llevamos adelante tareas de asistencia y/o tratamiento. Bajo la premisa que distingue entre dirigir el tratamiento y dirigir al usuario, advertimos los riesgos de articular nuestro saber como un poder sobre las personas. Sostenemos que no es posible ejercer la práctica sin reconocer que existe un saber en el usuario que debe ser considerado y respetado, promoviendo así prácticas participativas.

11) Abogamos para que las carreras de grado de las distintas facultades vinculadas a las problemáticas del consumo incorporen materias de formación técnica específica que contemplen la política y el abordaje de la Reducción de Riesgos y Daños. Asimismo, consideramos necesario impulsar investigaciones basadas en evidencia que amplíen el campo de formación y sus implicancias en las diversas prácticas de los actores involucrados en abordajes integrales de los consumos problemáticos.

12) Sostenemos que el usuario de drogas es un ciudadano y, en tanto tal, el tratamiento integral debe acompañarse de una transformación del imaginario social que permita des-estigmatizar a las personas que usan sustancias y ofrecer una comprensión más precisa de sus implicancias. Asimismo, esta perspectiva debe dar lugar a políticas inclusivas y preventivas, para lo cual resulta necesario derogar los artículos de la Ley 23.737 que penalizan la tenencia de drogas y alejan a los usuarios del sistema sanitario.

La política de Reducción de Daños permite superar la postura moralista y abstencionista, favoreciendo la construcción de una política de derechos que deje atrás el juicio y la estigmatización, y avance hacia una mirada de inclusión e integración social.